Controlarán más a grandes empresas que reciban ayuda para pagar salarios

Las firmas con más de 800 empleados deberán restringir por dos años las compras de títulos y giros de utilidades o a paraísos fiscales.

Sede de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Sede de la Comisión Nacional de Valores (CNV).Foto: Moderna Buenos Aires

Las grandes empresas deberán restringir sus movimientos financieros al menos por los próximos dos años y quedar sujetas a un cruce de datos entre organismos oficiales si aspiran a recibir la ayuda estatal para el pago de salarios a sus trabajadores. La medida del Gobierno quedará plasmada en una resolución de inminente publicación que les pondrá más requisitos a las compañías de más de 800 empleados para acceder al subsidio Asignación de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) que contempla el pago de la mitad de los sueldos netos a favor de los sectores económicos golpeados por la cuarentena.

De acuerdo a la nueva decisión administrativa que se dará a conocer en las próximas horas a través del Boletín Oficial, las empresas de mayor volumen de personal, una vez presentados los documentos con pruebas de una crisis en su facturación e ingresadas al programa ATP, tendrán vedados una serie de actividades societarias y financieras por los próximos 24 meses cuando hasta ahora las restricciones corrían sólo por el plazo de un año.

El monto abonado por el Estado no podrá ser inferior al valor de un salario mínimo, vital y móvil que está en el orden de $16.875 ni superar dos salarios mínimos, vitales y móviles es decir $33.750.

Durante ese período no podrán “distribuir utilidades”, “recomprar sus acciones directa o indirectamente”, “adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior” ni “realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se encuentren en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación”. Se trata de un corset que apunta a evitar el desvío de los subsidios y posibles maniobras especulativas con esos recursos estatales.

Además las compañías beneficiarias de la asignación complementaria formarán parte de una nómina elaborada por la AFIP y que compartirá con el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores para velar por el cumplimiento de las cuatro restricciones. El movimiento de utilidades y de acciones quedará bajo la observación de la CNV y la adquisición de títulos o los pagos a terceros serán materia de la autoridad monetaria. La nueva medida extiende los plazos de actividades como el pago de patentes, regalías o intereses cuando las empresas operen desde paraísos fiscales.

El ATP se puso en marcha y sus alcances se ampliaron hasta llegar, en la actualidad, a un universo de 2,5 millones de trabajadores, a través de varios decretos: el 332 lo creó como mecanismo paralelo a los Repro para apuntalar los sueldos de empresas en crisis, y el 376 lo rediseñó para darle intervención directa a la Anses como depositaria del proporcional de los montos directamente en las cuentas de los trabajadores de esas compañías. Y subió los valores para completar la mitad de los ingresos netos con un tope de 33.750 pesos, igual a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

El 7 de mayo pasado, este diario anticipó en exclusiva una nueva ampliación del programa para permitirles el acceso a las grandes empresas, empleadoras de más de 800 personas, y flexibilizar el requisito de pérdida de facturación. Hasta entonces el empleador debía demostrar una caída en la facturación de marzo y abril de este año contra el mismo bimestre de 2019. Con los cambios, pudieron acceder al ATP compañías que hubiesen tenido aumento en la facturación de hasta 5% nominal en el mismo período. Es decir que, contemplada la inflación, antes se exigía demostrar una caída real de la facturación del orden del 30% y de ahora en más bastará con una pérdida cercana al 20 por ciento.

El arribo de las grandes compañías puso a la luz casos paradigmáticos como los del grupo Techint, el gigante siderúrgico de Paolo Rocca, que reveló El Destape, o la marca de indumentaria para chicos Cheeky, de la familia Awada. Desde el Gobierno advirtieron que hasta 80% de los trabajadores del sector privado podrían estar alcanzados en algún momento por el pago del ATP.