La Corte resistirá una ofensiva del kirchnerismo y Cristina apuesta al desgaste político

La carta de la vicepresidente puso en alerta a los miembros del alto tribunal que resolverán todas sus causas abiertas por presunta corrupción durante sus ocho años en la Casa Rosada

La Corte Suprema: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio RosattiLa Corte Suprema: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti

Dicen que las comparaciones son odiosas pero a nadie le gusta más las comparaciones que al político promedio. Siempre conveniente, siempre en la búsqueda del saldo positivo de parte del emisor para poder justificar sus acciones y hasta disfrazar sus fracasos, poco importa que las comparaciones sean ciertas o se ajusten a derecho: importa que el votante las dé por ciertas. Básicamente, podría decirse que el político es el inventor de la posverdad.

Y en esta semana que finaliza, la figura más representativa de la política argentina, la mujer de la que se habla hasta cuando no habla, nos ha recordado que nadie practica mejor ese ejercicio de la comparación conveniente como ella. Para eso sacó a relucir todos los recursos: la minimización del resto, la selección conveniente de enemigos y la afirmación de cuestiones que no son legítimas ni legales pero que, dichas con vehemencia, llegan a ser defendidas por contorsionistas de la intelectualidad que también saben que lo dicho es ilegítimo e ilegal. Pero no por ello deja de preocupar a ciertos sectores. Puntualmente a los señalados.

Desde las cercanías de los miembros de la Corte Suprema se comentó que se vivió un déjà vu demasiado vívido en uno de los pasajes de la misiva de Cristina Fernández a un año de que la fórmula que encabezara Alberto Fernández ganara las elecciones en diciembre de 2019.

Más allá de que el análisis de Cristina consistió en once párrafos para referirse a la gestión y veintitrés para pegarle a la Corte, estos estuvieron plagados de cuestiones que cualquier egresado de una escuela secundaria conoce: cómo se designan y se remueven a los jueces. No, no hace falta ser un exitoso abogado dado que no hace falta ser abogado para saber por qué uno de los tres poderes no concurre a elecciones: porque el mecanismo de su selección está contemplado en la Constitución Nacional y porque en la designación de un juez intervienen los otros dos poderes. Es como si la Corte se quejara de que no puede elegir al Presidente a los legisladores.

Pero volviendo a los pasillos del cuarto piso de tribunales, las frases finales de Cristina pegaron duro porque fueron idénticas, calcadas, repetidas a las que mencionó hasta el cansancio a lo largo de 2013, cuando desde la Presidencia impulsaba la “democratización de la Justicia”: “De los tres poderes del Estado, sólo uno no va a elecciones. Sólo un Poder es perpetuo. Sólo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo (…) Si además de todo eso, ese Poder sólo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno (…) si esto sigue sucediendo en nuestro país, estaremos muy lejos de construir la República y la Nación que, estoy segura, anhelamos la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas”.Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidente de la NaciónCristina Fernández de Kirchner, vicepresidente de la Nación

Primero, el Poder Judicial está sometido a más controles que los otros dos poderes y ya lo hemos explicado: los jueces son nombrados por un acuerdo entre el Senado y el Presidente luego de que este eligiera un pliego entre los tres mejores que envió el Consejo de la Magistratura, integrado por legisladores, miembros del Poder Ejecutivo, académicos, abogados de la calle y –minoritariamente– integrantes del Poder Judicial. Para que el Consejo de la Magistratura envíe la preselección, primero tuvo que convocar a examen, evaluar a los aspirantes, evaluarlos psicofísicamente, someterlos a una serie de entrevistas y a impugnaciones.

Además, el Poder Judicial es controlado por una comisión bicameral. Y por último, en la Argentina, el Poder Judicial no decide sobre la vida de nadie porque la pena de muerte no existe en nuestro país. Que no lo sepa un analfabeto es una desgracia por el fracaso del Estado en detectar la desconexión de una persona con el sistema educativo obligatorio. Ahora, cuando estos dichos son emanados de la pluma de una persona que participó de la elaboración y votación de la Constitución Nacional vigente, y que además fue legisladora durante veinte años de los últimos treinta, no puede nunca ser inocente.

“Lo que preocupa no son los dichos sino que nos preguntamos a dónde apunta”, confió a Infobae una alta fuente del Poder Judicial, para luego agregar que “hace un año comparaba el presupuesto porteño con el de La Matanza y ahí está el resultado”. El temor tiene un sustento y puede pasarse en limpio: Cristina encabezó desde el Senado los juicios políticos contra los jueces de la Corte entre 2003 y 2004. Y el año que viene hay elecciones legislativas con renovación de bancas en ambas cámaras.

Si bien es cierto que para que el kirchnerismo pueda concentrar dos tercios propios en la Cámara de Senadores les haría falta el milagro de ganar hasta en la ciudad de Buenos Aires, también es verdad que el mecanismo de destitución de un ministro de la Corte precisa dos tercios de los senadores presentes. Para quien no recuerde, Eduardo Moliné O’Connor, el único miembro de la Corte que aceptó ser sometido a juicio político sin renunciar antes, fue destituido por 45 votos. El oficialismo contaba con 40 votos. El Frente de Todos hoy cuenta con 42 votos.

La fuente asegura que va más allá de la factibilidad numérica: “Puede limar y presionar hasta el cansancio”. De hecho, lo hizo en la carta.Carmen Argibay, una de las juezas más prestigiosas de la Corte que enfrentó a Cristina cuando propuso designar a los miembros del Consejo de la Magistratura por el voto popularCarmen Argibay, una de las juezas más prestigiosas de la Corte que enfrentó a Cristina cuando propuso designar a los miembros del Consejo de la Magistratura por el voto popular

Resultó curioso que Cristina recordara que “de aquella Corte, hoy no queda absolutamente nada” en relación a los siete miembros que conformaron a lo que definió como “la Corte más independiente y prestigiosa de las últimas décadas”. Sí quedan: Ricardo Lorenzetti fue propuesto por Néstor Kirchner y votado por Cristina en el Senado, al igual que Elena Highton de Nolasco, quien también fue propuesta por Néstor Kirchner y votada por Cristina en el Senado. En cuanto a Carlos Maqueda, es cierto lo que dice Cristina en su carta ya que fue propuesto por Eduardo Duhalde. Lo que le faltó aclarar es que en la segunda sesión extraordinaria celebrada entre el 26 y 27 de diciembre de 2002, ella también votó a favor de su designación. Y de los dos miembros que ingresaron durante el gobierno de Mauricio Macri, Horacio Rosatti es más peronista que el bombo de Tula y hasta fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner, durante el período de conformación de la más mejor Corte de todos los tiempos de la Vía Láctea.

Para la vicepresidenta, de esa Corte no queda nada porque Carmen Argibay falleció, Zaffaroni se jubiló, Highton no hizo lo mismo, y porque Lorenzetti es el impulsor de “lawfare”. Sugestivamente no mencionó ni a Enrique Petracchi ni a Carlos Fayt, otros miembros de “la Corte más independiente y prestigiosa de las últimas décadas”. La misma Corte a la que Cristina fustigó cada vez que pudo desde el 18 de junio de 2013, cuando velozmente la Corte declaró inconstitucional la elección directa por voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. La resolución fue firmada por Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda, Fayt, Petracchi y Argibay. Sí, la misma Argibay.

Al día siguiente Cristina visitó la Universidad de Córdoba y dijo que “aquellos que creen que pueden a través de alguna resolución impedir el crecimiento y el avance de la democracia, sepan que solo lo podrán hacer por un tiempo, porque nunca ninguna sociedad toleró ni aceptó durante mucho tiempo que se le impida ejercer sus derechos de elegir a los órganos políticos que marca la Constitución Nacional”. Si bien es llamativo, dado que ningún país del mundo desarrollado tiene voto popular para sus jueces –muchísimo menos para las Cortes Supremas– y casi toda Europa tiene un consejo similar a nuestra Magistratura, lo cierto es que hoy Cristina vuelve sobre aquella espina, pero con mucha más fuerza.Horacio Rodríguez Larreta hará una nueva presentación ante la Corte para exigir que la administración de Alberto Fernández no se apropie de sus fondos de coparticipación federalHoracio Rodríguez Larreta hará una nueva presentación ante la Corte para exigir que la administración de Alberto Fernández no se apropie de sus fondos de coparticipación federal

Bajo presión. Representantes claves del Poder Judicial sostienen que la Carta de Cristina también abre un paraguas para redoblar la presión hacia la Corte antes y después de que se expida sobre un tema crucial. Cuando la vicepresidenta dice que “tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno, o lo que es peor aún: para hacerlo fracasar”, se refiere, lisa y llanamente, a la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. Como si 65 mil millones de pesos pudieran hacer fracasar la gestión nacional. Para subir un par de grados más la temperatura de la olla, el Senado aprobó este jueves otra quita a la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires y la convirtió en ley.

Mientras este lunes una parte del kirchnerismo duro protestará “por una Navidad sin presos políticos”, en Diputados todavía está fresco el llamamiento a juicio político que hizo Leopoldo Moreau contra todos los ministros de la Corte Suprema. Para conseguir la acusación, en la Cámara baja también necesita de dos tercios de los presentes, un número un tanto lejano para la composición actual, pero no imposible dependiendo de la suerte electoral y el presentismo de los legisladores.

Para lo demás, Cristina sabe lo que una campaña de desgaste puede lograr: la mayoría de los Supremos de la década del noventa que marcharon hacia sus hogares lo hicieron tras renunciar. Incluso Gustavo Bossert, el juez con mayor apoyo y el que más lejos estaba de la acusación, se fue “por cansancio espiritual”, eufemismo de hartazgo.

Este jueves, por si fuera poco, Alberto Fernández recibió el informe de la “Comisión Beraldi”, que propuso la creación de un filtro intermedio entre la Corte y los tribunales inferiores “para decidir sobre cuestiones de arbitrariedad”. El informe fue dividido, dado que no hubo unanimidad en este punto.

“Inconstitucional” dijeron los constitucionalistas consultados al respecto en base a un principio que presupone que por encima de los tribunales superiores provinciales solo puede estar la Corte Suprema de Justicia. Pero tampoco hay un texto que diga que está prohibido expresamente. Ahí está el informe y, si quisiera crear el tribunal intermedio, el oficialismo solo necesita mayoría simple en ambas cámaras.

Y nuevamente patearle el costo político a la Corte Suprema que deberá decidir la inconstitucionalidad de un tribunal que no está contemplado por la Constitución pero tampoco está expresamente prohibido. Depende de lo que hagan, pueden resignarse a perder poder o negarse y permitir que Cristina pueda volver a acusar a los miembros del máximo tribunal argentino de querer gobernar sin haber sido electos.

Indemne. Al igual que la carta del 27 de octubre, la fecha fue una excusa para marcar territorio, quedarse con lo positivo y culpar al resto de lo negativo. Lejos está este 2020 de ser el año de mayor actividad legislativa de la historia, siquiera desde el retorno de la democracia. De hecho, este 2020 se encuentra en el Top 5 de los años con menor cantidad de leyes aprobadas desde 1983, salvo que contemos los pedidos de declaración de interés. Independientemente de los detallitos numéricos, Cristina se presta a presidir una sesión que puede ser histórica, dado que el voto a favor de la despenalización y legalización del aborto ya está a pocos votos del empate en la cámara alta.

Y allí estará la Presidente de la Cámara para capitalizar para ella una promesa de campaña de Alberto Fernández, a quien le queda pagar los costos políticos de las medidas infelices y ver de dónde saca el dinero para solventar la mano que metió Cristina en la fórmula jubilatoria, mientras ya culpó a la Corte por el condicionamiento económico o el posible fracaso del gobierno que, por la selección de los nombres propios, es de ella en lo bueno y de Alberto en lo malo.

Infobae.