Elevaron un nuevo pedido para llamado a licitación de transporte

Dirigentes barriales presentaron una nota ante el Ejecutivo municipal de Posadas para exigir una respuesta al reclamo. Advirtieron que se evalúan medidas de fuerza.

RECLAMO. La Unión de Dirigentes y Presidentes Barriales reiteró el pedido ante la Municipalidad de Posadas.

Dirigentes y presidentes barriales, junto a vecinos de Posadas, elevaron otra nota al Ejecutivo local para solicitar el llamado a licitación pública del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITM).

La medida, argumentaron, sigue lo establecido en las ordenanzas vigentes y ya fue oportunamente solicitada por medio de una presentación que realizó la Unión de Comisiones ante el Concejo Deliberante hace tres años, en 2017.

“Motiva la presente el hecho que desde dicha presentación no hemos obtenido respuestas positivas favorables en ningún sentido hasta la actualidad; ya que el transporte integrado Don Casimiro no ha mejorado en cuanto a la calidad del servicio que presta a los usuarios, sino que -al contrario- sigue siendo pésimo en todo los sentidos”, expresaron en una parte de la misiva.

En esta oportunidad, reiteraron el pedido con las firmas de varias comisiones vecinales de la ciudad de Posadas y de vecinos usuarios frecuentes del servicio, que se encuentran en disconformidad con Casimiro por diversas problemáticas.

Además, requirieron retrotraer el Decreto Nº 980 (firmado por el Ejecutivo provincial) al cual adhirió el municipio y se encuentra en plena vigencia “atentando contra la salud pública de todos los posadeños, y más aún de la población en riesgo de contagio por la pandemia del COVID-19”.

Sin respuestas

En conferencia de prensa habló ayer la presidente de Barrio Hermoso de Posadas, Cristina Cuevas, quien recordó que “ya en el 2017 se presentó el pedido de licitación pública de transporte”.

“Fueron tres notas que no tuvieron ninguna respuesta. Seguimos viajando hacinados en el colectivo, de hecho no se cuenta con protocolo alguno en las trasferencias, no hay nada y es lamentable”, sentenció.

Sostuvo que “no somos dos o tres personas solamente en esto, detrás nuestro hay cientos o miles de personas. En Itaembé Miní nomás hay 129 mil personas, lo que es muchísimo”.

Comentó que entre las planillas de firmas se incluyeron las que recolectaron en Garupá y Candelaria, donde piden un buen servicio y el ingreso de otras empresas de transporte.

“Queremos que el Gobierno nos de garantías y seguridad en todo esto, no podemos seguir dilatando esta cuestión, se trata de la salud de la gente, de la forma en la que viajamos estamos expuestos a todo”, afirmó la dirigente barrial.

Medidas de fuerza

Cristina Cuevas, además integrante de la Unión de Presidentes y Dirigentes Sociales, advirtió que los vecinos contemplan profundizar posiblemente las medidas de fuerzas en caso de no recibir respuestas.

“Estamos siguiendo las vías legales, porque no podemos pensar que los funcionarios no tengan la capacidad de resolver esto, está en manos de ellos. En nosotros está la preocupación pero, resolverlo, está en manos de nuestros funcionarios que tienen que representarnos de la mejor manera. Hay gente que se quiere encadenar, que quiere ir a la Justicia, necesitan un mejor servicio y quieren ser escuchados”, advirtió.

Problemáticas de los usuarios

En la nota elevada en la Municipalidad de Posadas, los dirigentes barriales y vecinos de la ciudad dieron cuenta de una serie de falencias en el Servicio Integrado de Transporte Metropolitano (SITM).

Algunas de estas son: “Recortes de frecuencias, cambios de recorridos y de horarios sin consultas a los usuarios y falta de comunicación clara sobre dichos cambios, salubridad, no se cuentan con rampas para discapacitados, no cuentan con aire acondicionado en todas las unidades, incumplimiento de los horarios establecidos, excedentes en cantidades de pasajeros según capacidad de la unidad, etcétera”.

“Estas deficiencias y falencias en el servicio, indicaron, se han ido incrementando más en plena pandemia y en el distanciamiento social”.

Entienden además que “nuestros funcionarios, responsables directos del tema de transporte, deben por un lado velar por el efectivo cumplimiento del servicio de calidad que se ofrece al vecino que a diario viaja en colectivo, y por otro arbitrar los medios para evitar el maltrato que sufre el usuario”.